En marzo del año pasado, la Comisión de Planificación del Área Este de Los Ángeles votó de manera histórica en contra de un propuesto desarrollo habitacional en la Avenida César Chávez en Boyle Heights, argumentando que el proyecto podría llevar a la gentrificación, lo que sería perjudicial para la salud pública de los residentes.
El veto al proyecto llegó después de una feroz oposición por parte de los inquilinos residenciales y pequeños empresarios que ocupan la propiedad, que la compañía inmobiliaria Tiao Properties de Los Ángeles había buscado transformar en un desarrollo mixto de seis pisos.
Una apelación presentada en 2023 contra la propuesta de Tiao ante la ciudad refleja las preocupaciones de los inquilinos sobre un “efecto dominó” de la reurbanización que podría alterar “la integridad cultural” de la Avenida César Chávez, donde los negocios tradicionales y los “músicos norteños” se ganan la vida.
La comisión votó 3-2 a favor de la apelación y en contra del proyecto. Para Viva Padilla, una inquilina anterior que presentó la apelación, bloquear este proyecto fue una “victoria para nuestra comunidad”.
Pero ahora, un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ha dictaminado que la ciudad “actuó de mala fe … en relación con su desaprobación del proyecto,” y está ordenando a la comisión revertir su decisión y aprobar el desarrollo habitacional propuesto.
Este viene casi un año después de que Tiao Properties demandará a la ciudad de Los Ángeles en junio, argumentando que bloquear el proyecto basándose en una amenaza percibida de gentrificación no cumple con los estándares legales establecidos por la Ley de Responsabilidad Habitacional, una ley de California que aborda la escasez de viviendas en el estado.
El juez Curtis A. Kin emitió su fallo en enero, el cual fue registrado oficialmente el 11 de marzo.
El miércoles, el Consejo Vecinal de Boyle Heights discutió el proyecto propuesto. La comisión tiene programada una audiencia pública el 9 de abril.
Se han enviado avisos de desalojo a los tres inquilinos residenciales de la propiedad, que también está ocupada por una peluquería y el restaurante mexicano El Apetito.
Padilla, quien previamente operaba la librería independiente Re/Arte Centro Literario en la propiedad, calificó la decisión del juez como “ridícula” y “corrupta”.
“Para ellos decir ‘mala fe’, para mí, [suena] como si el juez le estuviera dando un pase al desarrollador,” dijo Padilla, quien forma parte de El Apetito-Finessa Colectivo, un grupo de inquilinos y pequeños empresarios que alquilan en la propiedad actual, que ha protestado contra el proyecto.
Padilla espera que la comisión siga bloqueando el proyecto y está instando a los residentes a asistir a la reunión del consejo vecinal. Compartió un volante en Instagram que decía: “Salvemos El Bloque, Detengamos la Corporación de Tiao (Parte Dos).”
“Hablemos contra la gentrificación de nuestro barrio por este desarrollo”, leía la publicación.
“No hemos terminado. No vamos a parar,” dijo Padilla a Boyle Heights Beat.
Tiao Properties busca transformar la propiedad en un complejo de seis pisos que incluye cinco pisos de unidades de apartamentos, un primer piso para uso comercial y un estacionamiento subterráneo.
Cinco de las 50 unidades de apartamentos se reservarán para vivienda asequible, mientras que el resto serían a precio de mercado.
La abogada Sheri L. Bonstelle, quien representó a Tiao en los procedimientos judiciales, dijo que las agencias solo pueden rechazar una propuesta habitacional bajo la Ley de Responsabilidad Habitacional si causa “impactos adversos específicos para la salud pública y la seguridad.”
Estos impactos suelen estar relacionados con materiales peligrosos o mala calidad del aire, no con preocupaciones sobre la gentrificación, dijo Bonstelle.
“Sabían que el proyecto cumplía con los estándares objetivos, y lo rechazaron de todos modos, así que [el juez] determinó que, dado que actuaron de mala fe, ahora está ordenando que la [comisión] apruebe el proyecto tal como está diseñado”, añadió.
Bonstelle dijo que los inquilinos residenciales de la propiedad están protegidos por la ley estatal, y que tienen derecho a regresar a la propiedad y ocupar una unidad asequible si califican como “hogares de muy bajos o extremadamente bajos ingresos.” Padilla no se lo cree.
Dijo que una abuela de más de 80 años es una de las residentes que recibió un aviso de desalojo.
Padilla afirmó que Tiao, el dueño de Tiao Properties, “está haciendo esto de mala fe.”
“A él no le importa. Está tratando de conseguir lo que quiere y de deshacerse de los inquilinos que han estado luchando.”
