“¿A dónde me van a mandar a vivir?”
Esa fue la pregunta que Columba Torralba, de 85 años, le hizo a la Comisión de Planeación del Este de Los Ángeles durante una junta pública el miércoles, justo antes de que el organismo aprobara un plan para construir un desarrollo de uso mixto de seis pisos sobre la avenida East Cesar Chavez —un proyecto que implicará la demolición del edificio donde ella vive.
La aprobación marca un giro respecto a la decisión de la comisión en marzo pasado, cuando bloqueó el desarrollo por preocupaciones de que podría acelerar la gentrificación y afectar la salud pública de los residentes.
El cambio de postura ocurrió después de que un juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles emitió una sentencia en enero declarando que la ciudad “actuó de mala fe… al rechazar el proyecto.” El juez ordenó a la comisión revertir su decisión y aprobar el desarrollo.
Durante la reunión del miércoles, realizada en el Centro Comunitario Ramona Hall, la comisión votó 4-0 a favor del proyecto. Alrededor de 20 personas asistieron, incluyendo inquilinos residenciales y comerciales que actualmente ocupan el edificio que será demolido para dar paso a la nueva construcción. “¡Vendidos!” gritó alguien tras la votación.
La comisionada de planificación Gloria Gutiérrez reconoció que “Boyle Heights está bajo una inmensa presión por la gentrificación”, pero señaló que la orden del juez “realmente nos quita el poder de las manos.”
El proyecto, propuesto por la empresa inmobiliaria Tiao Properties, con sede en Los Ángeles, contempla cinco pisos de departamentos, un primer nivel para comercios y un estacionamiento subterráneo. Cinco de las 50 unidades habitacionales estarán destinadas a vivienda asequible; el resto se alquilará a precio de mercado.
Aunque ya se enviaron avisos de desalojo a los tres inquilinos residenciales, representantes de Tiao Properties han asegurado que los inquilinos tendrán derecho a regresar y ocupar una unidad asequible, si califican como hogares de “ingresos muy bajos o extremadamente bajos.”
Sin embargo, Torralba y otros inquilinos siguen siendo escépticos.
“Quieren sacarme y no es justo,” dijo Torralba, quien ha vivido allí durante tres décadas.
Torralba dice que recibió un aviso de desalojo que le exige abandonar el edificio antes de febrero del próximo año. “No tengo otro lugar donde vivir”, dijo durante la audiencia pública.
Torralba —quien depende de un cheque del Seguro Social como único ingreso— vive con su hija Rosa García, propietaria del restaurante mexicano “El Apetito,” uno de los negocios que serán demolidos. Ambas viven en las unidades residenciales del edificio.
“El problema aquí es: ¿qué vamos a hacer con toda nuestra inversión, que está atada a un lugar que no es nuestro y que nos están quitando?”, dijo García, quien también habló durante la audiencia pública del miércoles.
Su sobrina, Vanessa García, quien también se dirigió a la comisión, creció en ese edificio y pronto dejará Boyle Heights después de recibir un aviso de desalojo con 120 días de anticipación. “Mi tía conoce a toda la comunidad”, dijo.
“Me considero afortunada de poder mudarme a otro lugar, pero duele porque no es algo voluntario”, expresó. “Ahí nací y crecí. ¿Cómo te alejas de un lugar al que llegaste a amar?”
“Ya no voy a poder cruzar la calle para comprar pan, o ir a los pequeños restaurantes. No es lo mismo. Me están obligando a irme”, añadió. “Es triste, porque no piensan en la gente que vive allí. No piensan en quiénes realmente son parte de Boyle Heights.”
Alberto Santillán, quien dirige una tienda de ropa vintage en el edificio, dijo que mudarse a otro lugar sería difícil. “He invertido mucho de mi vida, mi tiempo, mi dinero y mis recursos para hacer de esto una realidad”, dijo Santillán ante la comisión.
Para él, las desigualdades en Boyle Heights solo se “agravarán con este edificio”.
“No va a salir nada bueno de esto”, afirmó.
Este fallo se produjo casi un año después de que Tiao Properties demandara a la ciudad de Los Ángeles en junio, argumentando que bloquear el proyecto por una supuesta amenaza de gentrificación no cumple con los estándares legales establecidos por la “Housing Accountability Act,” una ley de California que busca enfrentar la escasez de vivienda limitando la capacidad de los gobiernos locales para rechazar propuestas habitacionales.
La abogada Sheri L. Bonstelle, quien representó a Tiao en el proceso judicial, explicó que la ley solo permite rechazos basados en “impactos adversos específicos a la salud y seguridad pública”, como la presencia de materiales peligrosos o mala calidad del aire, pero no por preocupaciones relacionadas con la gentrificación.
Durante la audiencia pública, Bonstelle dijo a la comisión que no podía “negar el proyecto en respuesta a los comentarios del público.” Hacerlo, advirtió, resultaría en multas obligatorias impuestas por el tribunal.
“El propietario espera que los inquilinos regresen,” señaló Bonstelle.
“La intención no es destruir una comunidad, sino agregar vivienda a esa comunidad permitiendo que los residentes vuelvan.”
Bonstelle reconoció que no es una situación ideal, “especialmente si eres una persona mayor.”
“No quieres tener que mudarte durante la construcción y luego regresar, y, posiblemente, tampoco quieres volver a un edificio moderno…,” dijo durante la audiencia. “Es un tipo de edificio distinto, y una comunidad diferente, pero eso es lo que dicta la ley estatal, y es la única forma en que vamos a poder construir suficiente vivienda nueva y vivienda asequible.”
Gutiérrez, la comisionada de planeación, expresó que la “Housing Accountability Act” no protege a las personas afectadas por la crisis de vivienda.
“Entiendo que el estado está bajo presión para construir más viviendas, pero no se hace la pregunta importante: ¿para quién es esa vivienda?”, señaló.
Viva Padilla, una exinquilina que apeló la propuesta de Tiao —lo que llevó a la comisión a bloquear inicialmente el proyecto— prometió seguir luchando.
“Esto no es el final para nosotras. No vamos a parar,” dijo ante la comisión. “Vamos a obstaculizar este proyecto en cada paso del camino.”
