Después de su compromiso el año pasado, Guadalupe, de 21 años, e Iván Anguiano, de 20, hablaron sobre la fecha de su boda durante meses.
“Queríamos casarnos en febrero, pero luego dijimos marzo, y luego dijimos mayo, y yo dije: ‘Hagámoslo en junio’. Literalmente abrí el calendario y dije esta fecha funciona”, dijo Guadalupe.
La pareja, que vive en el Este de Los Ángeles, finalmente fijó la fecha de su boda. Encontraron que la planificación de la boda era desalentadora. Pero un problema incluso mayor era la idea de que Guadalupe, una inmigrante indocumentada, regresara a su lugar de nacimiento, Michoacán, México. Esta sería la forma de solicitar la residencia permanente después de casarse con un ciudadano estadounidense.
“Iván me dijo que si regresaba a México él iría conmigo, así no tendría que estar sola”, dijo Guadalupe.
Los Anguiano se casaron el 15 de junio, sin saber que casi estaban perdiendo una oportunidad que podría cambiar sus vidas.
Dos días después, el Presidente Biden anunció una orden ejecutiva que otorgaba nuevas protecciones legales para inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.
La acción de Biden permitirá que aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 50,000 hijastros soliciten un camino hacia la ciudadanía sin salir del país. Según una hoja informativa gubernamental, quienes pasen la evaluación “caso por caso” del Departamento de Seguridad Nacional obtienen tres años para solicitar la residencia permanente.
Los solicitantes deben estar legalmente casados en o antes del 17 de junio de 2024 y haber vivido en los EE.UU. durante al menos diez años.
Antes de la orden, algunos cónyuges indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses ya eran elegibles para la residencia. Pero obtener estatus legal requería que las personas que ingresaron a los EE.UU. sin autorización regresaran a su país de origen mientras esperaban ser procesadas en el extranjero.
Para Guadalupe, la nueva política significa que podría permanecer en Los Ángeles, donde ha vivido desde que tenía 3 años, sin temor a ser deportada.
Esto también ayudaría económicamente a la pareja, ya que la nueva orden permite a los solicitantes elegibles trabajar hasta por tres años. Como Guadalupe no tiene permiso de trabajo, la pareja ha estado luchando para sobrevivir con los ingresos de Iván como guardia de seguridad.
“La renta en California es ridícula. La inflación es horrible, por lo que si ella trabaja ayudaría mucho y que pueda seguir diferentes opciones profesionales [sería genial]”, dijo Ivan.
Desde el anuncio, las organizaciones de inmigración con sede en Los Ángeles, como el Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles (CARECEN), han visto un aumento en llamadas y mensajes de inmigrantes ansiosos por aprender más sobre el programa.
Si bien la administración Biden y el Departamento de Seguridad Nacional aún no han publicado los requisitos completos de la solicitud, Camila Álvarez, directora legal de CARECEN, dice que es importante educar a la comunidad inmigrante sobre este programa para que la gente sepa si son elegibles.
La organización recientemente realizó un seminario web que detalla información vital donde informaron a los asistentes que se espera que el proceso de solicitud comience a finales de este verano. También advirtieron a la gente sobre posibles extorsionadores que se aprovechan de la comunidad inmigrante cuando se hacen anuncios como esta acción.
“Los abogados y notarios que cometen fraude le dirán a la comunidad: ‘Hoy hubo un gran anuncio y ‘si me das X cantidad de dinero, puedo conseguirte tu tarjeta de residencia’. Por eso es una prioridad para nosotros difundir esta información [correcta]”, dijo Álvarez.
El programa llega cuando Biden pretende atraer a los votantes meses antes de las elecciones presidenciales.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), con sede en Los Ángeles, dice que después de la reciente orden ejecutiva de Biden que limitó a solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, su administración necesitaba demostrar que se preocupaba por las necesidades de los inmigrantes y las familias de estatus mixto.
“Recibió muchas críticas en todos los ámbitos por parte de organizaciones de inmigrantes [como CHIRLA] que decían que era inaceptable que se usara su poder ejecutivo para negar a familias vulnerables la posibilidad de venir al país y negarles asilo”.
CHIRLA es parte de una coalición nacional llamada Valoramos Nuestras Familias que aboga por la unificación familiar y brindó recomendaciones al equipo de inmigración de Biden incluso antes de que asumiera el cargo en 2020. Salas, quien el mes pasado se unió a representantes de otros grupos de defensa de la inmigración en la Casa Blanca para conmemorar el anuncio de la orden, dijo que si bien la nueva orden de Biden para cónyuges indocumentados es un paso en la dirección correcta, no va lo suficientemente lejos.
“Es un pequeño subconjunto de toda la comunidad indocumentada a la que [Biden] apoya, pero de cualquier manera es algo bueno”, dijo Salas.
Guadalupe ha seguido las noticias y no le sorprenden las contratantes órdenes ejecutivas del Presidente Biden y su decisión de limitar los cruces fronterizos. “Si yo estuviera en esa situación, lo odiaría. Estás tratando de escapar de donde eres para tener una vida mejor, y de repente [la ley] cambia y no puedes venir a este país”, dijo Guadalupe.
Aunque Guadalupe dice que es elegible y planea postularse para la nueva acción de Biden, no está segura de qué sucederá a continuación. Los defensores de la inmigración como Salas esperan un rechazo legal por parte de republicanos de Trump como su ex asesor principal Stephen Miller, quien calificó la decisión de Biden como “un ataque a la democracia”.
De lo que Guadalupe está segura es de su entusiasmo por los beneficios que podría recibir de esta orden.
“Esto es importante para mí porque después de estar aquí tanto tiempo, me da la oportunidad de poder trabajar”, dijo.
