Más de la mitad de los residentes de Los Ángeles viven en alquiler, según datos del Departamento de Vivienda de la ciudad. En un contexto de escasez de vivienda asequible, las decisiones de la próxima alcaldía sobre protección a los inquilinos y desarrollo inmobiliario serán determinantes para que las familias de los distintos barrios de la ciudad puedan seguir residiendo en sus hogares.
La concejala Nithya Raman y la alcaldesa Karen Bass se han centrado en ayudar a los inquilinos y reducir los costos de la vivienda, pero tienen diferentes formas de lograrlo.
Para analizar las diferencias programáticas entre ambas candidatas, The LA Local examinó sus trayectorias públicas. Asimismo, les consultó sobre los procesos de desalojo, las garantías para que los arrendadores efectúen las reparaciones requeridas y la distribución de los costos de servicios públicos entre unidades. Esos asuntos son prioritarios planteados por las filiales del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (Los Angeles Tenants Union) en Koreatown, Pico-Union y Westlake.
A continuación se detalla la gestión realizada por las candidatas y sus propuestas principales de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
Trayectoria y propuestas
Bass declaró la emergencia por falta de vivienda al asumir el cargo en 2022. Además, emitió una orden ejecutiva para agilizar la aprobación de proyectos de vivienda asequible y temporal.
De ser reelecta, Bass señala que se enfocará en la construcción de vivienda asequible y en ampliar la asistencia financiera para inquilinos en situación vulnerable. Su plan contempla la edificación de 10,000 unidades asequibles en terrenos públicos mediante alianzas con Metro, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y el Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles (LACCD).
La administración de Bass también ha ampliado la Ordenanza de Reutilización Adaptativa, que se actualizó este año y facilita la conversión de edificios de oficinas vacíos y otras propiedades en viviendas.
Raman, concejala por el Distrito 4 desde 2020, ha impulsado reformas a la normativa de control de alquileres para fijar topes a los incrementos anuales y reforzar las garantías de los inquilinos. Asimismo, sostiene que el municipio debe intensificar la fiscalización del cumplimiento de dichas medidas y atender las denuncias recibidas.
De ganar la alcaldía, Raman propone crear una Oficina de Protección al Inquilino en el Departamento de Vivienda, con un equipo directivo enfocado en sus necesidades. Igualmente, ha solicitado modificar el procedimiento con el que la dependencia investiga las denuncias por condiciones habitacionales insalubres o inseguras.
“Asignaré el personal adecuado a su dirección y me aseguraré de contar con funcionarios en el Departamento de Vivienda comprometidos con la urgencia que este tema exige para Los Ángeles”, declaró a The LA Local.
Desalojos
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones de inquilinos es el desplazamiento de arrendatarios antiguos, en particular de adultos mayores y personas vulnerables. La Ley Ellis, normativa estatal de California que faculta a los propietarios a desalojar inquilinos para retirar inmuebles del mercado de alquiler, constituye uno de los mecanismos por los que muchas familias pierden su vivienda.
Bass prevé ampliar los subsidios de alquiler y la ayuda financiera para adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, según indicó Alex Stack, vocero de su campaña, a The LA Local. Los fondos provenientes de United to House LA (el impuesto a bienes raíces de alto valor), así como los recursos del impuesto a las ventas de la Medida A del Condado de Los Ángeles, permitirán apoyar a los inquilinos con dificultades económicas a cubrir gastos imprevistos, como emergencias médicas o reparaciones mecánicas, detalló Stack.
Asimismo, la alcaldesa proyecta expandir la iniciativa Stay Housed LA, que brinda representación legal, asistencia financiera para renta y gestión de casos a personas en proceso de desalojo. Su equipo de campaña afirmó que coordinará con legisladores estatales para revisar la legislación vigente, incluida la Ley Ellis, con el fin de evitar desalojos injustificados y garantizar estabilidad habitacional.
Por su parte, Raman sostuvo que la ciudad debe combatir con mayor firmeza los desalojos de mala fe amparados en la Ley Ellis. Citó el caso del complejo Barrington Plaza, en el oeste de la ciudad, donde un propietario notificó el desalojo de cientos de residentes bajo dicha ley, medida que fue frenada por un juez tras un prolongado litigio. Raman ha presentado iniciativas normativas para otorgar mayores facultades al Departamento de Vivienda en la contención de estos procedimientos.
El departamento no ha actuado lo suficientemente rápido con la propuesta, según Raman.
“Es necesario avanzar en una legislación que otorgue al Departamento de Vivienda la capacidad real de frenar los desalojos de mala fe amparados en la Ley Ellis. Ya he presentado esa propuesta, pero la dependencia no ha actuado con la celeridad requerida. Como alcaldesa, me aseguraré de que se atienda con la máxima prioridad”, afirmó Raman.
Bass contempla además respaldar a las organizaciones orientadas a la prevención de desalojos. A través del Fondo del Alcalde, la administración ha financiado a entidades sin fines de lucro que brindan asesoría legal, ayuda con el pago de alquiler y acompañamiento integral a familias en riesgo de perder su hogar, señaló Stack.
Reparaciones y condiciones de la vivienda
Durante su gestión, Bass amplió las protecciones a los inquilinos, limitó los alzas de alquiler y eliminó cobros obsoletos por servicios públicos. Asimismo, implementó la Ordenanza contra el Acoso a Inquilinos, que prohíbe las amenazas, la divulgación del estatus migratorio, la omisión intencionada de reparaciones y otras conductas intimidatorias. De obtener un segundo mandato, su campaña indica que reforzará la inspección de códigos de edificación para agilizar las revisiones y garantizar investigaciones rigurosas.
Su plan incluye también fortalecer alianzas con organizaciones comunitarias y proveedores de servicios legales para elevar la calidad y capacidad de respuesta de la asistencia a los inquilinos.
Raman propone reformas estructurales en el Departamento de Vivienda, como la creación de la Oficina de Protección al Inquilino y el nombramiento de autoridades enfocadas prioritariamente en la defensa de los derechos de los arrendatarios.
Asimismo, señala que el municipio debe garantizar la eficacia del Programa de Cuentas de Custodia de Alquileres (REAP), diseñado para sancionar a los propietarios que ignoran infracciones graves de salud y seguridad habitacional.
A la vez, Raman planteó que la ciudad debería ofrecer apoyo a los pequeños arrendadores para afrontar el costo de las reparaciones requeridas. Muchos de ellos poseen dúplex o tríplex y residen en los mismos inmuebles, por lo que el incremento de costos dificulta el mantenimiento adecuado de sus propiedades.
“Debemos evitar desplazar involuntariamente a los pequeños propietarios del mercado. Considero que la ciudad puede mejorar significativamente su gestión en ambos frentes”, expresó Raman.
Facturas de servicios públicos
Diversos arrendadores emplean el Sistema de Facturación Proporcional de Servicios Públicos (RUBS, por sus siglas en inglés) para prorratear los costos de servicios entre los inquilinos. Bajo este esquema, los cobros se calculan en función de una estimación global del edificio y no del consumo individual de cada vivienda.
Raman copresentó una moción en el Concejo Municipal en 2022 para solicitar que el Departamento de Vivienda elabore recomendaciones para una ordenanza de transparencia en el cobro de RUBS. Sus propuestas exigen que los arrendadores desglosen la fórmula de cálculo, establezcan mecanismos de resolución de disputas y fiscalicen a las empresas externas encargadas del cobro.
Según Raman, los residentes no cuentan con mecanismos confiables para verificar su consumo real ni comprobar la precisión de las facturas.
Esta situación genera que “muchas familias enfrenten sobrecargos mensuales de cientos de dólares sin una vía clara para revisar o apelar los cobros”, afirmó Raman al LA Local.
Por parte de Bass, su campaña respaldará las acciones del Concejo Municipal para mantener alquileres accesibles y cerrar vacíos legales que incrementen los costos para los inquilinos, indicó Stack. La campaña no aclaró si la Bass buscaría cambios en la facturación mediante el sistema RUBS.
